Arturo Uslar Pietri y Rómulo Betancourt
Carta de Arturo Uslar Pietri a
Rómulo Betancourt
Tras
ser detenido, expatriado y despojado de sus bienes, Arturo Uslar Pietri dirige
la siguiente carta pública a Rómulo Betancourt:
Nueva
York, 26 de marzo de 1946.
Señor
Rómulo
Betancourt
Presidente
de la Junta Revolucionaria de Gobierno
Caracas.
Hace
más de un año hube de dirigir a usted otra carta pública. Entonces formaba yo
parte del Gobierno más respetuoso de la libertad y de las leyes que ha conocido
Venezuela, y usted gozaba de todas las garantías para hacer, con criminales
fines, la más insincera y sistemática oposición. Hoy estoy yo en el destierro,
despojado de mi patrimonio y de todos mis derechos y usted en el Gobierno. El
violento contraste entre las dos ocasiones pinta bien la desfavorable transformación
que ha sufrido la vida pública venezolana.
Esta
carta tiene por objeto consignar mi indignada protesta contra el atropello de
que usted pretende hacerme víctima al condenarme por medio de su Jurado de
Responsabilidades. La condenación que usted ha pronunciado contra mí no me
afecta sino materialmente. Me arrebata usted por la fuerza, ebrio de odio y de
rencor gratuitos, el legítimo patrimonio de mis hijos, pero mi conciencia y mi
honra quedan incólumes.
Si
usted me supiera culpable y hubiera tenido la más leve probabilidad de hacerme
condenar por delitos contra la cosa pública, me habría llevado ante mis jueces
naturales, en un juicio ordinario, para dejarme fulminado con una condenación
legítima. Pero usted sabe bien que ningún juez podría hacer otra cosa que
absolverme, y por eso, después de arrojarme de mi tierra, de negarme todo
derecho de defensa, me hace usted condenar por ese fúnebre Tribunal de
Responsabilidades, que ni es tribunal, ni sabe de responsabilidad, ni conoce la
justicia, ni es otra cosa que la grotesca guillotina de su revolución. No sólo
me llevó usted ante mis jueces, sino que además ha llegado al absurdo de
sacarme del país, donde debía ser condenado, haciéndose cómplice de la fuga de
quien para usted era un reo.
En
una de sus más lamentables páginas ha de guardar nuestra historia, como un
estigma, la imagen repugnante de ese Tribunal de Responsabilidades que usted ha
creado para saciar sus odios políticos. Ni en las tiranías fascistas se había
visto un alarde más insolente y completo de desconocimiento de todos los
principios jurídicos y morales que la civilización ha establecido como garantía
fundamental de los juicios.
El
milenario principio de la legalidad de los delitos y de las penas ha sido
desechado de plano, como igualmente lo han sido los que pautan que la prueba
incumbe al acusador y que nadie puede ser juzgado sino por sus jueces
naturales. Esa incalificable judicatura desconoce la prescripción y la cosa
juzgada, formula la instrucción a espaldas del indicado sin permitirle ninguna
forma de acceso al expediente, oye los testigos que bien le parece sin que el
acusado tenga la oportunidad de promover ninguna prueba, no es recusable, su
fallo que es inapelable, decide “a su leal saber y entender” de la honra y del
patrimonio de los hombres, sin atenerse a leyes, principios, ni derechos.
Todo
cuanto ese cuerpo ha hecho y decidido no sólo es inexistente a la luz de los
principios y de las doctrinas jurídicas, sino que ni siquiera puede sostenerse
en simple equidad y repugna a las nociones más sencillas de la moral cristiana.
El día en que los países civilizados conozcan las monstruosidades que bajo el
nombre de juicios se están cometiendo en Venezuela por el llamado Jurado de
Responsabilidades, seguro estoy de que elevarán su voz de protesta ante los
organismos internacionales llamados a velar por inmanencia de los más sagrados
y elementales derechos del hombre.
La
decisión recaída sobre mí es tan irrazonable que, en lugar de cumplir los
torvos designios de usted, sólo ha servido para poner manifiesto que he
manejado con honestidad los fondos públicos. Ni como Ministro de Educación, ni
como Ministro de Hacienda, ni como Ministro del Interior, ni como Secretario
del Presidente de la República, señala un solo hecho específico que pueda
imputárseme como enriquecimiento indebido o como delito o falta contra la cosa
pública.
Antes
de analizar las deleznables bases en que pretende fundamentarse la sentencia de
su Tribunal, he de referirme, aunque sea someramente, a la parte de ella en la
que se me acusa de haber omitido algunos bienes en mi declaración de
patrimonio.
Los
bienes que me abstuve de declarar, según el Tribunal, son los siguientes:
“1º.
Un lote de terreno construido por las parcelas Nos. 8, 9 y 10 de la
Urbanización Altamira, situado en jurisdicción del Municipio Chacao, Distrito
Sucre del Estado Miranda, bajo los siguientes linderos… El lote aquí deslindado
tiene una superficie de 2.513 metros cuadrados y figura a nombre de la señora
Isabel de Uslar Pietri, según documento protocolizado en la Oficina Subalterna
de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, el día primero de febrero de
1945, bajo el número 56, folio 77, tomo 3º”.
A
las personas incluidas, como yo, en la famosa lista de presuntos reos de
peculado, elaborada por orden de la Junta de Gobierno, se les impuso por
Decreto hacer “declaración jurada de todo su patrimonio”. Mal podía yo incluir
en esa declaración lo que, por documento, pertenece al patrimonio de mi esposa.
Semejante absurdo sólo puede sostenerlo fente enloquecida por la obsesión de
hacer mal.
“2º.
Cinco acciones de la Compañía Anónima Venezolana de Colocaciones, con valor de
Bs. 1.000 cada una”.
Es
falso desde todo punto que yo posea dichas acciones. Las que en una época me
pertenecieron las vendí hace cerca de nueve años, y así estoy seguro de que lo
habrá hecho constar la citada empresa.
“3º.
40 acciones de la Compañía Anónima Venezolana de Ediciones con valor nominal de
Bs. 500 cada una”.
En
el año de 1938, sin poder precisar fecha, entré a formar parte con cuatro
amigos del grupo que fundó, con muy modestos recursos, esa sociedad. El aporte
inicial de cada uno fue de Bs. 6.000. Con posterioridad hice otro aporte de Bs.
2.000. Ulteriormente ocurrieron pérdidas, como resultado de las cuales qquedó
con toda la propiedad de la empresa el señor Régulo Parra Ortega. Es pues
también falso que yo posea dichas acciones.
“4º.
Una acción de la Compañía Anónima Lechería Ideal”.
Aun
cuando no recuerdo cuál es esta compañía, ni cómo, ni cuándo pude adquirir esta
acción, me abstengo de negar que pueda ser mía, porque es muy frecuente en
Venezuela que los promotores de empresas se empeñen en hacer figurar en ellas a
sus amigos o conocidos, aunque sea como propietarios de una sola e
insignificante acción, y así pudo ocurrir conmigo en este caso, sin que yo
conserve la memoria.
“5º.
20 acciones de la Compañía Anónima Editorial General Rafael Urdaneta, con valor
nominal de Bs. 600 cada una”.
Es
también falso que yo posea estas acciones. Las que en una época poseí las vendí
y con el producto de esa venta adquirí las acciones de la Compañía “El Tiempo”
que figuran en la declaración de mi patrimonio.
Ante
tan garrafales errores y falsedades, comprende uno la ligereza y mala fe con
que han sido substanciados estos procesos de venganza política.
La
iniquidad de la sentencia pronunciada contra mí es tan sólo comparable a la
falta absoluta de toda lógica y de toda sindéresis que en ella campea.
Para
acusarme de enriquecimiento ilícito, que según su Decreto de creación es la
materia de que debe conocer, el Tribunal no se atine al único elemento que
podía invocar y que es el incremento y monto de mi patrimonio, sino que invade
otros campos, para los cuales no ha recibido competencia, y se pone a elucubrar
distales sobre la legitimidad de determinados actos administrativos. El
Tribunal debió comprender, sin duda, que sobre la base del monto de mi
patrimonio era imposible acusarme de ninguna forma de enriquecimiento ilícito.
Ya el doctor Ibrahím García en su convincente e inútil exposición al Tribunal
demostró la normal correspondencia de mi patrimonio con los sueldos, viáticos y
remuneraciones legales que he percibido lícitamente. Según las cifras admitidas
por el Tribunal en su sentencia, el activo de mi patrimonio monta a Bs. 321.000,45.
Si de esta cantidad deducimos el justiprecio aceptado de las fincas que poseía
antes del mes de agosto de 1929, el incremento ulterior de mi activo se reduce
a Bs. 262.580,45, que representa apenas la tercera parte de lo que
legítimamente he devengado desde aquella fecha, tomando tan sólo en cuenta mis
actividades públicas en 16 años, con prescindencia de todo ingreso. Como no
aparecía por ninguna parte ese enriquecimiento ilícito de que usted necesitaba
acusarme, su Tribunal abandonó esa única base cierta y se entró de lleno por el
terreno de los sofismas y de las falsedades, como, en forma sucinta, voy a
demostrarlo.
El
Tribunal me acusa de haber recibido para mí, durante los cuarenta y cuatro
meses en que fui Secretario del Presidente de la República, la cantidad total
de Bs. 1.012.000, en partidas mensuales de Bs. 23.000. La prueba más evidente
de que no los recibí para mí la ofrece el monto citado de mi patrimonio.
Tampoco puede decirse que la consumí, porque es público y notorio que siempre llevé
una vida modesta, sin vicios y sin inmoderados gastos.
Dicha
suma que, en proporción variable, manejaron siempre los Secretarios del
Presidente de la República, constituía bajo el nombre de Caja de la Secretaría
una parte de los fondos reservados o secretos que, a la usanza de muchos países
(entre los cuales podría citar a Francia y a los Estados Unidos) ponían la Ley
y el Congreso venezolanos a la discrecional disposición del Presidente de la
República, extremando su carácter secreto hasta el punto de sustraerlos
expresamente de la jurisdicción de la Contraloría. Estos fondos se destinaban a
los más diversos fines, desde sueldos, remuneraciones y pagos para los cuales
no había previsión en los capítulos ordinarios, pasando por ayudas, dádivas y
pensiones que siempre han sido inherentes al carácter paternalista de nuestros
Gobiernos, hasta gastos políticos, de investigación y de defensa interior y
exterior de la seguridad del Estado. La suposición gratuita, no articulada en
ninguna prueba y ni siquiera en una presunción basada en el aumento de mi
patrimonio, de que me haya apropiado indebidamente dichos fondos, no pasa de
ser una majadería. Esos gastos eran lícitos y necesarios para el Gobierno y
continúan siéndolo. Hoy mismo, cuando a mí se me condena arbitrariamente por
haber manejado con la necesaria reserva inherente a su naturaleza esos fondos,
la Secretaría de Miraflores continúa recibiendo, según lo sé de fuente
fidedigna, muy crecidas sumas por el capítulo XX del Presupuesto de Relaciones
Interiores, para gastos políticos y comilonas.
El
Tribunal, con evidente embarazo, pretende excusar su gratuita presunción contra
mí, aduciendo que yo no he presentado la cuenta de la inversión que de esos
fondos hice, y que tampoco denuncié en su oportunidad la irregularidad que se
cometía recibiéndolos y gastándolos. Mal podía yo denunciar como irregular lo
que estaba de acuerdo con las leyes, y menos aún he podido presentar esa cuenta
de inversión (que nunca se me pidió) por la sencilla razón de la imposibilidad
material para hacerlo en tiempo oportuno. En efecto, mi abogado supo de esa
maligna e irrazonable imputación, cuando ya la substanciación estaba concluida,
en la única oportunidad en que se le dio acceso al expediente, es decir, cuatro
días antes de cerrarse el lapso para hacer valor cualquier alegato. Ausente y
extrañado de mi Patria, como me encuentro, este hecho vino a serme conocido en
la ciudad de Nueva York cuando ya el lapso había expirado. Y es que, ni
siquiera disponiendo del lapso entero, no hubiera podido yo copiar, ordenar y
presentar la cuenta completa de la inversión de esa cantidad durante cuarenta y
cuatro meses, dividida en más de trece mil partidas diferentes, que representan
gastos, remuneraciones, contribuciones, dádivas y otros pagos inobjetables
desde el punto de vista legal. El deseo de cerrarle la puerta a la justicia y
de condenarme sobre absurdas y deleznables presunciones es harto evidente.
La
cuenta especificada de esa inversión, con los nombres de sus beneficiarios, la
habré de presentar en la oportunidad en que pueda hacerlo, en juicio ordinario
ante mis jueces naturales, o ante el pueblo venezolano cuando se encuentre en
el pleno goce de garantías políticas efectivas.
El
segundo punto en que el Tribunal se basa para dictar contra mí su veredicto de
haberme enriquecido en detrimento de la nación es el siguiente:
“2º.
Por disposición del doctor Arturo Uslar Pietri, en su carácter de Ministro de
Relaciones Interiores, se erogó la cantidad de ochenta y dos mil bolívares,
para la campaña presidencial del doctor Angel Biaggini. Las órdenes
correspondientes las hizo firmar el entonces Ministro de Relaciones Interiores
por los señores Saúl Colmenares, Norberto Guerrero y Arcadio Contreras”.
Lo
primero que tengo que decir es que, alejado de mi país, imposibilitado de
verificar ninguna cifra o dato, tengo que atenerme, sin comprobación, a lo que
dice el Tribunal… Lo segundo es que ni conozco, ni nunca he obligado a firmar
ni a hacer nada a los citados señores Colmenares, Guerrero y Contreras. Lo
tercero es que no comprendo cómo, órdenes libradas en uso de atribuciones
legales, cuyos destinatarios finales se conocen, pueden imputárseme como causa
de enriquecimiento ilícito.
El
tercero y último punto que el Tribunal presenta como fundamento de su veredicto
es el siguiente:
“3º.
En los años de 1930, 1931, 1932 y 1933, se libraron cincuenta órdenes de pago a
favor del enjuiciado, con cargo al Capítulo VII, sin motivo justificado alguno,
por un total de Bs. 63.200’’.
Esta
es una de las mayores inepcias que adornan el infundio del Tribunal contra mí.
Ni siquiera los datos citados son completos. Dichas órdenes no comenzaron en el
año de 1930, como dice la sentencia, sino en el año de 1929, en cuyo mes de
agosto, y según Resolución publicada en la Gaceta Oficial fui nombrado Agregado
a la Legación de Venezuela en Francia. Los viáticos y el sueldo mensual de Bs.
1.000, además de otros viáticos para algunas misiones especiales, durante los
cincuenta y tres meses en que desempeñé dicha función, me fueron pagados por el
Ministerio de Relaciones Interiores, en periódicas y sucesivas órdenes con
cargo al Capítulo VII, como era frecuente hacerlo para remunerar algunos cargos
para los cuales no existía previsión en los Presupuestos de los Departamentos
correspondientes. El sueldo y los viáticos que devengué correspondían a un
verdadero servicio público que presté durante casi cinco años, asistiendo
puntualmente a las horas de labor a la Legación de Venezuela en París,
ejecutando diario trabajo de oficina y rindiendo los informes que me encargaron
y que deben reposar en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Nadie ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista moral, puede
decir que esa remuneración era injustificada o insincera. Constituía por el
contrario el pago, muy módico, de una diaria y eficiente labor. Ni yo, ni
nadie, podrá comprender cómo un Tribunal que encuentra lícitos muchos
sobresueldos pagados por el Capítulo VII de Relaciones Interiores a
funcionarios que devengaban sueldos de otros Ministerios, encuentra ilícito el
modesto y único sueldo que yo ganaba con mis servicios en nuestra Legación en
Francia. Esas erogaciones ni eran injustificadas, ni eran irregulares, ni
constituyen en ninguna forma enriquecimiento ilícito a mi favor.
No
quiero tampoco dejar pasar la alusión, que con el ánimo de ofenderme lanza su
Tribunal sobre las asignaciones que, en reconocimiento a largos y diversos
servicios militares y civiles, recibía mi padre el General Arturo Uslar, por el
mismo mencionado Capítulo. Aun cuando muchas personas con menos títulos que él
recibían y todavía siguen recibiendo ese género de asignaciones, desde que
entré a formar parte del Gobierno y en repetidas ocasiones como estoy seguro de
que lo podrán testificar los Presidentes López Contreras y Medina Angarita,
pedí a esos Magistrados que ordenaran la cesación de esa asignación, a lo que
ellos reiteradamente se negaron alegando generosas y nobles razones. Pero
resulta verdaderamente inconcebible que usted pretenda abochornar a mi padre
por haber recibido una asignación del Capítulo VII, mientras, en cambio, le
parece que en nada descalifica a Rómulo Gallegos, para ser candidato a la
Presidencia de la República, el hecho de haber obtenido cuantiosas sumas por
ese mismo Capítulo.
Con
esto he terminado la enumeración de las inexistentes bases sobre las cuales el
Jurado creado por usted me declara reo de enriquecimiento ilícito. A la
monstruosidad del procedimiento, a la negación de toda defensa al indicado, han
venido a añadir ustedes el sarcasmo de condenar contra la misma evidencia que
presentan en la parte motiva de su fallo. Por eso he dicho, y ahora repito, que
desprecio y rechazo esa miserable injuria.
En
verdad, ha sido trágica la equivocación de los militares al llamarlo a usted
para entregarle el Gobierno. Usted nunca ha podido ser otra cosa que un
demagogo, y en el ejercicio del poder continúa siéndolo irremediablemente. Con
ese pintoresco fárrago de nociones inconexas, que usted ha acumulado en sus
lecturas apresuradas e incompletas, empezó a fabricar esa falsa imagen de
hombre cultivado y de muchas aptitudes. Sin embargo, lo que hasta ahora se le
ha visto y ha dicho en política, de economía, de historia, es superficial y
muchas veces inexacto. Del gran monumento jurídico y social de la ciencia
administrativa no conoce usted ni la silueta.
Con
el despliegue permanente de esa quincalla verbal y con la audacia inconsciente
del que no sabe lo que hace y nada tiene que perder, ha logrado apoderarse
usted del comando efectivo del Gobierno y enrumbarlo, por un camino de errores
hacia la satisfacción mezquina de sus oscuras pasiones de hombre tarado de
complejos. La obra realizada por el Gobierno es insignificante, contradictoria,
inorgánica, y casi negativa, pero en cambio ha logrado usted en cinco meses,
dividir el país con un foso infranqueable de odios mortales. Esta es la obra
que usted ha realizado cabalmente con el Poder que los militares le entregaron.
Desatar persecuciones políticas de una injusticia y una crueldad sin
precedente. Acorralar hasta el suicidio hombres útiles y buenos. Promover ilegales
e injustos procesos que sólo sirven para exhibir a Venezuela ante los ojos del
mundo como una guarida de forajidos y un país sin moral.
Pero
es que, tal es su propia fatalidad de demagogo. Lo mismo que está haciendo hoy
con los militares ya lo había hecho con su propio partido. Para nada nunca tomó
usted en cuenta la buena fe de los militares que vinieron a sus filas por
sincera convicción democrática. Usted no los consideraba sino como escalón para
subir más alto. No acató nunca la voluntad del Partido, sino que siempre puso
el Partido al servicio de sus pasiones. Usted se servía de los hombres más
distinguidos de su asociación para que le hicieran aureola a su oscuro ser,
pero no ha sido a ellos a quienes ha llamado a gobernar, sino a otros mediocres
pero de probada devoción incondicional a su persona. Muchos hombres sinceros de
Acción Democrática se estarán preguntando hoy qué ha sido de sus principios y
de sus reivindicaciones democráticas y si acaso no han servido para otra cosa
que para entronizar la vergonzante dictadura que usted ejerce con sus
paniaguados. Y es que usted no tiene compromisos sino con su desproporcionada
ambición.
Desde
el 18 de octubre han cesado la libertad y la legalidad, que eran patrimonio
cierto de todo ciudadano venezolano. Disuelto el Congreso, disueltas las
Asambleas Legislativas de los Estados, disueltos los Concejos Municipales, y no
reemplazados hasta ahora por ningún organismo de origen popular, la soberanía
del pueblo ha venido a quedar aplastada y sin forma alguna de representación.
El país ha caído en el más completo régimen de hecho y los actos del Poder
Público carecen de toda legitimidad. El Ejecutivo nombra las personas que han
de desempeñar todos los cargos, desde los numerosos cocineros, sirvientes y
pajes del Palacio de Miraflores, hasta los Vocales de la Corte Federal y de
Casación. Nombre también de entre sus más incondicionales servidores a los
miembros de las Juntas Municipales espurias. Y al poder Judicial lo amenaza
públicamente con las remociones.
Es
un secreto a voces que no habrá elecciones hasta que se tenga la seguridad de
que Acción Democrática haya de ganarlas sin riesgo y poder realizar su voluntad
omnímoda en el seno de la Asamblea Constituyente. Y habrá certidumbre de que va
a ocurrir una de estas tres alternativas: que resulte usted electo Presidente
de la República o en su defecto de lo que sea algún sumiso testaferro suyo; o
por lo menos, que pueda establecerse un sistema de tipo parlamentario, en el
cual, bajo un Presidente nominal y decorativo despojado de toda atribución de
mando, pueda usted ser el Primer Ministro, depositario de todo el poder.
Mientras no se satisfaga alguna de esas condiciones ni habrá Constituyente, ni
habrá elección presidencial.
La
reciente restitución de garantías es otra de sus farsas. Con ella, como sin
ellas, continúan las prisiones, las deportaciones y los atropellos. Por otra
parte, suspendidas, como lo fueron, las garantías enumeradas en la
Constitución, el Decreto ha debido ceñirse a reproducirlas en su integridad y a
declararlas en pleno vigor. Sin embargo en lugar de las dieciocho garantías del
texto constitucional, el Decreto de usted tan sólo inserta diez. Algún torvo
propósito se oculta detrás de esta burda maniobra, porque no es de creer que el
atolondramiento y la falta de conocimientos jurídicos que caracterizan a su
Gobierno lleguen hasta tan graves extremos. Sin duda, se propone torpemente
suprimir la vigencia de aquellas garantías, que habiendo sido suspendidas con
todo el régimen constitucional, no han sido luego decretadas por usted. Entre
esas garantías que usted pretende desechar están algunas que forman parte
integrante de la conciencia del pueblo venezolano y del decoro elemental de la
dignidad humana. Tal es la garantía de la vida, cuya ausencia presagia negras
amenazas. Falta también la garantía de la propiedad, necesaria para la
estabilidad y el progreso económico del país. Ha sido omitida la garantía de la
igualdad, sin la cual todas las demás carecen de objeto, y por la que el pueblo
venezolano, muy sensible a su sentido, ha derramado en mil ocasiones su sangre.
No se decreta la libertad de trabajo y de industria. Tampoco la libertad
religiosa, que es el precepto fundamental de la libertad de conciencia, y a la
cual está íntimamente ligado el antiguo derecho de patrono eclesiástico, que
nunca ha sido renunciado, por ningún Gobierno venezolano. Y tampoco, para
enumerar una última, la libertad de la enseñanza, tan cara al magisterio y tan
arduamente fijada y definida a través de largos años de lucha parlamentaria y
judicial.
En
cuanto a las garantías restituidas puede decirse que carecen de efectividad, no
sólo por la ausencia de la igualdad sin la cual se transforman en mercedes
distribuidas al capricho del gobernante, sino también porque las desnaturaliza
y anula un grotesco artículo 4º inserto en el malhadado Decreto, en virtud del
cual quedan en pie todas las disposiciones antijurídicas y arbitrarias de la
Junta y su incontrolado poder para ejercer una indefinida y amenazante “alta
policía nacional”.
La
labor realizada por su Gobierno no sólo es negativa, sino contradictoria. Su
revolución carece de programa. Ni el más zahorí podría definir y calificar en
una forma congruente la línea que sigue su política económica, o su política
social o su pura y simple política. Pocas veces habrá experimentado el país
mayor sensación de acefalía y de desorientación. Ni siquiera ha podido usted
cumplir alguna de las desordenadas promesas que hizo en la oposición. En esos
tiempos, que ya parecen tan remotos, en los que había libertad en Venezuela,
usted vociferaba en todos los tonos que no había bastante libertad y que la
voluntad del pueblo no era suficientemente consultada y obedecida. Llegado al
Gobierno se apresuró usted a eliminar la libertad, a restaurar los más odiosos
procedimientos de coerción, espionaje y persecución, y a encargarse usted de
pensar y resolver en lugar de los cuatro millones de venezolanos que quedaron
descargados de esa pesada tarea. El respeto a las leyes y a las instituciones
lo llama usted ahora con repugnante cinismo “el fetichismo de la legalidad”.
Su
política económica debe hacer sonreír a los cursantes de economía elemental.
Por un lado anuncia su empeño en hacer bajar el costo de vida, por medio de la
rebaja de algunos derechos de importación ya acordada por el anterior Gobierno,
mientras por el otro hace usted todo lo necesario para que los precios y el
costo de la vida suban por medio de una alocada política de inflación
monetaria. Echa a la calle todos los recursos fiscales y además lanza
empréstitos que van a transformar depósitos bancarios inactivos que no ejercen
presión en el mercado, en compras y salarios de obras públicas que fatalmente
tiene que ejercerla. La contradicción no puede ser más flagrante.
Criticaba
usted la excesiva burocracia en la que, según su criterio, se despilfarraba los
recursos del Erario, y ahora usted no sólo no la disminuye, sino que la aumenta
en proporción escandalosa para darle cabida a toda su clientela política.
La
plausible reforma petrolera que llevó a cabo el Gobierno de Medina fue el
blanco predilecto de todas sus diatribas. Encontraba usted que la nación había
cedido entonces injustamente todos sus derechos por un plato de lentejas, pero
ahora en el poder se abstiene de decir nada que recuerde esas palabras, procura
ganarse la buena voluntad de las compañías y aprovecha calladamente los
inmensos beneficios de esa admirable realización.
Su
política de fomento de la producción anunciada con tanta alharaca, se ha
reducido hasta ahora a disminuir en diez millones lo que el Gobierno de Medina
destinaba al mismo fin.
De
la vasta variedad de obras públicas construidas a todo lo ancho del territorio
nacional por el Gobierno de Medina, con sujeción a un verdadero plan, decía
usted en tono despectivo que era una apoteosis de cemento armado, y como
reacción contra ella anunció, al tomar el Poder, que su acción iba a enrumbarse
a crear condiciones generales favorables al progreso de la población. Esto
significaba que, en lugar de edificios, el Gobierno iba a dedicarse
preferentemente a crear por medio de acueductos, cloacas, caminos, crédito,
educación y sanidad el conjunto de hechos determinantes que harían que la
población sana, capaz y rica, pudiera realizar por sí misma esas otras obras
como consecuencia del cambio de su modo de existencia y de sus nuevos recursos
y necesidades. Sin embargo lo único que hasta ahora parece es que no han de
continuar las obras de gran envergadura realizadas y que los recursos van a
dispersarse en numerosas, variadas y contradictorias atenciones para bajos
fines politiqueros.
Su
política de vivienda es un ejemplo típico de sus procedimientos demagógicos. En
vez de crear las condiciones que harían que el pueblo pudiera mejorar su
vivienda en forma metódica, segura y general, usted recurre a los
procedimientos que tanto criticó y ordena construir al azar, con criterio
providencialista y de lotería, cuatro mil casas. Usted no ignora que con eso no
se va a resolver ni remotamente el problema en un país que necesitaría reformar
y construir más de quinientas mil viviendas. La desproporción del medio con el
fin parece con toda claridad en un aviso de la Gobernación del Distrito Federal
en el que, no sé si por torpeza o por escarnio, se previene a los presuntos
solicitantes que se espera que las mil casas destinadas en esa región se
presenten más de veinte mil solicitudes. Esos cincuenta millones de bolívares
que se destinan a ese fin es obvio que no han de remediar en lo mínimo el mal
que, tan tambor batiente, se pretende curar. No han de remediar el mal pero sí
le permitirán contentar a algunos millares de electores influyentes con vistas
a los próximos comicios. Esa falta de consecuencia y esa forma de aparentar que
se está resolviendo un problema es típica del atolondramiento y la insinceridad
de su Gobierno.
A
la reforma agraria del anterior Gobierno que era comprensiva, razonable y
práctica y que tendía, por medio de un proceso seguro y justo, a eliminar las
tierras improductivas y a crear sobre ellas numerosas clases de pequeños y
medianos propietarios agrícolas, le criticaba usted su timidez y su falta de
audacia. Pero ahora en el Gobierno, la pone usted de lado y no la suplanta con
nada. Su Gobierno carece también de programa agrario y, en esta materia, se
limita a repartir con fines electorales algunos fundos nacionales entre unos
cuantos campesinos.
Otros
muchos casos de contradicción entre los que se dijo en la oposición y lo que se
hace o deja de hacer en el mando, de inconsecuencia con los principios
democráticos, de torpeza y de ignorancia en el manejo de los asuntos públicos,
podría citar aquí. Quede para más adelante el análisis a fondo de los errores
de esta situación, ya insalvables y que se deben exclusivamente a usted. Por
ahora sólo me importa decirle a usted que son ya muchos los que los conocen y
comentan, y que el amargo descontento y desengaño que engendran ya surge a
gritos en las ciudades y en los campos. Usted ha despilfarrado en cinco meses
el capital de confianza de pude darle el pueblo venezolano a la revolución.
El
balance de su Gobierno sería de humo y palabras vacías, si no tuviera un saldo
negativo tan trágico para el progreso, para las libertades y para la evolución
institucional del país.
Es
con profundo dolor como todos los venezolanos sensatos y patriotas tienen que
contemplar la obra de destructora desviación que usted realiza y lo arrojarán
del sitio que está usurpando.
Flaco
e inconsistente va a parecer entonces, pero mucho más flaco lo va a mirar la
historia.
Dios
salve mi Patria y la saque con bien de estas tristes horas.
Arturo
Uslar Pietri
Referencias
Congreso de la República. (1989). Pensamiento
político venezolano del siglo XX (Vol. LII). Caracas: Ediciones conmemorativas
del bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar.
El 12 de mayo de 1946, el gobierno de Acción Democrática ordenó la detención del director de El Heraldo y del editor de La Esfera por haber publicado una carta de Arturo Úslar Pietri.
También
fue detenido el doctor Alfredo Boulton, acusado del delito de distribuir la
carta. El director de El Heraldo era el periodista H. Narváez Alfonso. El
editor de La Esfera, Edmundo Suegart.
Un
comunicado del Gobierno, firmado por Rómulo Betancourt, afirmó que «el Gobierno
no podía tolerar pasivamente el torpe intento regresionista», como calificó la
publicación de la carta de Arturo Úslar Pietri.
